El Cóndor que reprimió a Latinoamérica

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la actitud de Estados Unidos hacia América Latina estuvo determinada por la división de las áreas de influencia con la URSS. El triunfo de la revolución cubana y sus consecuencias provocaron que el gobierno estadounidense decidiera intervenir en cualquier gobierno para seguir dominando la zona. Sin embargo, el repudio social generado por la guerra de Vietnam lo hizo más complicado. La solución consistió en una serie de medidas de seguridad nacional que supusieron el apoyo de Estados Unidos a ciertos gobiernos latinoamericanos, con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría.

Así, la Operación Cóndor fue un sistema secreto de inteligencia y de operativos llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980, mediante el cual los Estados militarizados de América del Sur —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y, esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela— compartieron datos de inteligencia y capturaron, torturaron y ejecutaron a opositores políticos en los territorios de otros países. 

La maquinaria de Cóndor fue un componente secreto de una estrategia más amplia de contrainsurgencia, dirigida por los Estados Unidos, para impedir o revertir los movimientos sociales que demandaban cambios políticos o socioeconómicos. La Operación Cóndor encarnaba un concepto estratégico clave bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría: el concepto de defensa hemisférica, la cual estaba definida por fronteras ideológicas (Mcsherry, 2009).

La Escuela del Ejército de las Américas, en Panamá, fue el principal centro de instrucción. En algunos cursos se enseñó a torturar o a fabricar bombas con elementos caseros. En Paraguay, entre los Archivos del Terror se encontró un manual de Fort Gulick para interrogadores que instruían sobre cómo mantener vivas a personas torturadas con electricidad. La inteligencia estadounidense distribuyó equipo eléctrico de tortura e intercambió información sobre exiliados (Paredes, 2004).

Según un artículo publicado en 2016 por la cadena televisiva sudamericana Telesur, las investigaciones apuntan a que la Operación Cóndor fue ideada tras una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), brazo ejecutor policial y secreto de la represión instaurada por Augusto Pinochet, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Manuel Contreras, mano derecha de Pinochet.

El periodista e investigador estadounidense Cristopher Hitchens considera también que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, fue el ideólogo de esa acción represiva, al permitir que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), diera instrucciones al jefe de la DINA y usara la Escuela de las Américas para ello.

Henry Kissinger

En el artículo de Telesur se apunta también a que otros países como Perú, Colombia (con la organización paramilitar colombiana conocida como Alianza Americana Anticomunista) y el terrorista Luis Posada Carriles, participaron en esta operación, de acuerdo con lo revelado en los Archivos del Terror.

Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional ubicó como principal enemigo al comunismo internacional, con epicentro en la Unión Soviética y representación regional en Cuba, se entendía que era Estados Unidos quien debía combatir a esos países. Los Estados latinoamericanos debían enfrentarse al enemigo interno, materializado en supuestos agentes locales del comunismo. Además de las guerrillas, el enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares (Leal, 2003).

 Así, el sistema Cóndor consistía en tres niveles. El primero era el de la cooperación mutua entre los servicios militares y de inteligencia, para coordinar la vigilancia política sobre seleccionados disidentes políticos e intercambiar información de inteligencia.

El segundo era el de las acciones encubiertas. Escuadrones multinacionales de Cóndor realizaron operaciones encubiertas transfronterizas para detener a exiliados en otros países y trasladarlos a sus países de origen, donde la mayoría de ellos desaparecieron definitivamente.

El tercer nivel, el más secreto de todos, era el de la capacidad de Cóndor de cometer asesinatos, conocido como “fase III”. En esta fase, se formaron equipos especiales de asesinos de los países miembros para viajar alrededor del mundo y eliminar a los “enemigos subversivos”. Esto estaba dirigido especialmente a los dirigentes políticos que se temía que pudieran movilizar la opinión mundial y organizar una amplia oposición a estos Estados militares, como es el caso de Carlos Prats, constitucionalista chileno y su mujer Sofía Cuthbert en 1974; a Bernardo Leighton, dirigente de la Democracia Cristiana chilena y su esposa Ana Fresno, en 1975; a Orlando Letelier, ministro del gobierno socialista de Allende, y su amigo Ronni Moffitt en 1976; o a Juan José Torres, expresidente de Bolivia, en 1976 (McSherry, 2009).

Con el derrocamiento del general Juan José Torres en Bolivia comenzó la sucesión de dictaduras en Latinoamérica. Su gobierno fue derrocado por grupos al mando del general Hugo Bánzer, el 21 de agosto de 1971. Su represión fue intensa, comenzando por hacer pasar a sus tanques por encima de universitarios que bloquearon una avenida. Sucesivamente subieron los precios, comenzó a haber más violencia -como el caso de la masacre del Valle-, el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) retiró su apoyo y finalmente Bánzer reemplazó su gobierno por tecnócratas neoliberales y suspendió los partidos políticos y los sindicatos (Paredes, 2004).

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Tras controlar Bolivia, el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones chilenas fue el siguiente objetivo estadounidense. En primer lugar, la CIA puso en marcha el fallido Proyecto Fulbert en el que se trató de derrocar el gobierno de Salvador Allende y colaboró con el asesinato de René Schneider, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, quien fue reemplazado por otro constitucionalista, el general Carlos Prats.  Así, EE.UU. recurrió a la asfixia económica, saboteó todos los préstamos a Chile y financió las conspiraciones que llevaron a cabo los grupos de ultraderecha. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado por las Fuerzas Armadas encabezadas por el nuevo general del ejército, Augusto Pinochet, hecho que marcó el fin de la Unidad Popular y dio paso a la dictadura.

La huida de bolivianos y chilenos hacia Argentina se sumó a la de los uruguayos. El 27 de junio de 1973 el presidente electo de Uruguay, Juan María Bordaberry, decidió disolver el parlamento con apoyo de las Fuerzas Armadas. Tres años después, estas fuerzas echaron a los civiles del gobierno (Paredes, 2004).

 En 1973, Argentina empezó un período de gobierno constitucional bajo Perón, quien había retornado de un largo exilio para ganar las elecciones presidenciales ese año. Sin embargo, durante el interludio constitucional, la Triple A atacó y asesinó a figuras prominentes de los sectores izquierdistas del peronismo y otros individuos (McSherry, 2009).

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Asimismo, este país vivió una fuerte inmigración, hasta el punto de que ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) tuvo que intervenir para trasladar refugiados. El Diario Los Andes registró el cruce a pie hacia Chile de miembros del MIR, junto a tupamaros. Numeroso chilenos y argentinos se organizaron para presionar una redemocratización formando sindicatos, partidos políticos, uniones vecinales y entidades culturales. Esta intensa actividad preocupó a Pinochet, que los vio como sus principales enemigos y decidió ejecutar la Operación Cóndor. Una de las primeras acciones contras los exiliados fue el asesinato de Carlos Prats en 1974 (Paredes, 2004).

Por último, Paraguay gozó de un gran prestigio entre los criminales anticomunistas de diversas regiones del mundo durante el período dictatorial del general Alfredo Stroessner, quien favoreció los intereses estadounidenses de 1954 a 1989 (Cuya, 2007).

A mediados de los años setenta, las fuerzas represivas del Cono Sur habían controlado la situación con un saldo de 50 mil asesinatos, 4 millones de exiliados en países vecinos, 400 mil encarcelados, al menos 30 mil desaparecidos y 3 mil niños asesinados o desaparecidos. Estos datos los sabemos gracias a los denominados “Archivos del Terror”, encontrados en Paraguay en 1992.

Estos fueron unos documentos redactados durante la dictadura de Alfredo Stroessner, referentes a la Operación Cóndor, en los que se detallan todas las comunicaciones entre autoridades policiales y militares de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, durante las dictaduras militares gobernantes entre 1970 y 1980, con el fin de reprimir a las sociedades de dichos países. Un año antes de que se encontrasen estos archivos se llevó a cabo la “Operación Silencio”, para obstaculizar las investigaciones de los jueces mediante la eliminación de los testigos y pruebas.

 

Consecuentemente, el impacto de las dictaduras en el Cono Sur, que además fue campo de batalla de la «Guerra Fría», ha sido central en su actual conformación social. Su pobreza estructural y su poca capacidad de negociación ante los intereses trasnacionales, no son sólo resultado de la vorágine globalizadora sino también del sabotaje estadounidense en este contexto, a cualquier intento de socialismo o capitalismo fuerte en la región (Paredes, 2004).

Como destaca McSherry (2009), el hecho de que Cóndor fuese, en esencia, una operación criminal transnacional, ha llevado a jueces y fiscales en varios países europeos y latinoamericanos a abrir casos penales contra numerosos oficiales de Cóndor en los años recientes. El caso mejor conocido fue el del juez Baltasar Garzón contra el dictador Pinochet, el cual se tradujo en la detención del general en Londres, en 1998. Garzón también acusó de cometer crímenes relativos a los derechos humanos a oficiales argentinos, uruguayos y chilenos dentro del marco de esta operación. Varios magistrados también han pedido a Henry Kissinger, ex asesor de Seguridad Nacional y luego secretario de Estado durante los gobiernos de Nixon y Ford, que testifique sobre su conocimiento de la Operación Cóndor. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

Artículo redactado por Sofía Pérez Márquez (Facebook), en colaboración con Ignotocracia.

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